Ley de Economía Digital: qué propone de verdad sobre el efectivo, y qué no cambia de la Ley Antilavado

Todo lo que la iniciativa puede hacer con el efectivo pasa por aquí. La Secretaría de Hacienda determinaría los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que la aceptación de pagos digitales podría ser la única forma de pago (art. 13), y las autoridades de cada sector fijarían las condiciones y los plazos de una transición gradual del efectivo a lo digital (art. 14).

El calendario que proponen los transitorios es corto:

• La ley entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF.
• Hacienda tendría 15 días hábiles para determinar los sectores, y podría ampliarlos después.
• Las autoridades de cada sector, otros 15 días hábiles para emitir sus reglas, con mecanismos y plazos de transición.

La iniciativa no nombra ningún sector. Esa lista sería una determinación de Hacienda, no de la ley, y todavía no existe. Quien afirme hoy qué giros quedarán «sin efectivo» está adivinando.

Hay además una válvula: si una contingencia impide recibir pagos digitales, se permite el pago en efectivo o con cheque (art. 15), aunque una contingencia no puede justificar el incumplimiento de forma permanente o recurrente (art. 16).

• Una prohibición general del efectivo.
• Un monto a partir del cual no se pueda pagar en efectivo.
• Un régimen de sanciones propio: el articulado no establece multas.
• Ninguna referencia a la Ley Antilavado ni al lavado de dinero.

Y deja explícito que no desplaza a las demás: lo que dispone «no excluye la observancia y aplicación de las respectivas leyes especiales» (art. 3).

El artículo 32 de la LFPIORPI ya prohíbe liquidar en efectivo ciertas operaciones por encima de un monto —inmuebles, vehículos, joyería, relojes y obras de arte, entre otras—, medido en UMA y con el IVA incluido. La Ley de Economía Digital no lo reforma ni lo menciona.

Si se aprobara y Hacienda designara un sector, las dos reglas convivirían: el artículo 32 seguiría fijando su límite, y en ese sector el pago digital podría ser la única vía incluso por debajo de él. En la práctica, te obligaría la más estricta de las dos.

Y hay algo que no depende de cómo te paguen: identificar al cliente y presentar aviso según los umbrales del artículo 17. Una operación pagada por transferencia se identifica y se avisa exactamente igual que una pagada en efectivo. Lo único que cambia es que el efectivo, además, tiene un techo.

La Ley de Ingresos propone que quien tenga recursos de procedencia lícita mantenidos en el extranjero hasta el 8 de septiembre de 2026 pueda traerlos pagando ISR al 7.5 %, sin deducciones, con estas condiciones:

• Que regresen a más tardar el 31 de diciembre de 2027.
• Que se inviertan en México y permanezcan invertidos al menos 3 años.
• Que el impuesto se pague dentro de los 15 días naturales siguientes al retorno.
• Que el dinero entre por instituciones de crédito o casas de bolsa del país, reguladas por la CNBV.

El texto limita el beneficio a recursos «de procedencia lícita», pero no crea un procedimiento propio para acreditarlo. Por eso pesa la última condición: el dinero entra por instituciones financieras que tienen sus propias obligaciones de prevención de lavado, y nada en el transitorio las suspende. Pagar el 7.5 % es un trato fiscal, no una constancia de origen lícito.

La exposición de motivos se apoya en la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024. Entre 2021 a 2024, el efectivo como medio de pago más frecuente en compras de $500 o menos bajó de 90.1 % a 85.2 %, y las transferencias y apps pasaron de 1.6 % a 4.4 %.

La propia iniciativa lo resume en una línea: la brecha no está en la infraestructura, sino en la adopción. Casi todos tienen ya una tarjeta o un teléfono con el que pagar; lo que no ha cambiado es la costumbre.